Por Decreto Supremo se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyo objetivo fue contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, ya fuera en el país o en el extranjero, si estas últimas tuvieron relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional.

Comisión permanente de la Cámara de Diputados de Chile, que le corresponde el estudio y despacho de proyectos de ley o de otros asuntos que eventualmente les asigne la Sala. Está integrada por 13 diputados y diputadas.

Comisión permanente del Senado de Chile compuesta por 5 senadores. A través de ésta deberán pasar los proyectos de ley y los asuntos que se tramiten de acuerdo a su área de conocimiento, que se hallen en primer o segundo trámites constitucionales, con el fin de su estudio pormenorizado y especializado.

La Ley 19.123 del 8 de febrero de 1992 creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y le encomendó calificar la posible condición de víctimas de aquellas personas respecto de las cuales a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) no le fue posible formarse convicción o cuyos casos no alcanzó a examinar por falta de antecedentes suficientes. La Corporación recibió 1.200 denuncias, de las cuales 899 fueron consideradas como casos calificados de violaciones a los derechos humanos, los que sumados a los casos calificados por el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, da un total de 3.195 casos calificados. Los resultados del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación quedaron plasmados en el Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política.

Oficina especializada que actualmente permite obtener orientación e información en causas sobre vulneración de derechos humanos y otras acciones de interés público. Además, si corresponde, podrá acceder a representación judicial gratuita por parte de la Corporación de Asistencia Judicial en materia: Abusos de funcionarios policiales, Gendarmería y Fuerzas Armadas en el ámbito del derecho a la vida, integridad física y libertad personal. Causas por homicidio o violencias innecesarias que causen muerte o lesiones. Apremios ilegítimos, torturas y otros similares. Acciones de interés público, que corresponden a todos aquellos casos en los que se ha afectado a grupos de ciudadanos.

También conocido como “Programa de Derechos Humanos”, fue creado por el Decreto Supremo N° 1.005 del Ministerio del Interior, de 1997, bajo la dependencia de la Subsecretaría del Interior, con la finalidad de continuar con la tarea de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que dejó de tener existencia legal el 31 de diciembre de 1996. Dicha Corporación fue la sucesora de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación mejor conocida como “Comisión Rettig”, creada en abril de 1990 para contribuir por primera vez al esclarecimiento global de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 bajo la dictadura militar.

La Comisión fue creada por decreto el 26 de septiembre de 2003. Comenzó a funcionar en noviembre de 2003 y recibió el testimonio de más de 35.000 personas que vivieron prisión política y sufrieron tortura a lo largo del país entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990. Estos testimonios permitieron reunir antecedentes respecto a los lugares utilizados como Recintos de detención a lo largo de todo Chile.  Nómina Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura Nómina de personas reconocidas en etapa de reconsideración por la Comisión

En el año 2009 se crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como una corporación autónoma que tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional. La misión del Instituto Nacional de Derechos Humanos es cautelar y promover la plena vigencia de los derechos humanos en Chile. En su calidad de institución de la República le corresponde observar, informar e intervenir en la defensa de los derechos humanos amenazados o vulnerados, como así mismo impulsar la construcción de una cultura que los reconozca y promueva en todos los ámbitos de la vida nacional.

La Comisión contemplada en la Ley N° 20.405 – que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos – publicada el 10 de diciembre de 2009,  se creó mediante el Decreto Supremo Nº 43 del Ministerio del Interior, publicado el 5 de febrero de 2010. Esta Comisión se creó con la finalidad de abrir un nuevo plazo para el reconocimiento de las víctimas que no se presentaron o no fueron reconocidas por la Comisión Rettig, por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación o por la Comisión Valech.

Creado por la Ley 20.885, el Comité Interministerial de Derechos Humanos considera la participación de autoridades de ocho ministerios, y tiene por función asesorar al Presidente/a de la República en la determinación de los lineamientos de las políticas intersectoriales en materia de Derechos Humanos. Este organismo está conformado por los Ministros y las Ministras de: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien además preside el Comité; El Ministerio del Interior y Seguridad Pública; El Ministerio de Relaciones Exteriores; El Ministerio de Defensa Nacional; El Ministerio Secretaría General de la Presidencia; El Ministerio de Desarrollo Social y Familia; El Ministerio de Educación; y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

En el 2016 se crea la Subsecretaría de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su misión es la promoción y protección efectiva de los derechos humanos en los diferentes ámbitos del quehacer nacional, el diálogo y cooperación con la sociedad civil y con los organismos internacionales de derechos humanos, a través del diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas; la coordinación y colaboración entre instituciones públicas; y la producción de información, estudios y propuestas de reformas legales. También cumple las funciones de manera permanente del Programa Continuación Ley 19.123 de la Subsecretaría del Interior. Es el primer órgano de gobierno creado para proponer, coordinar y asesorar en materia de derechos humanos de forma permanente. Dentro de sus principales propósitos está el incorporar el enfoque de derechos humanos en la gestión pública de las distintas instituciones del Estado.

La Defensoría de los Derechos de la Niñez es una entidad pública autónoma, que tiene por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de los niños. Dentro de sus principales funciones se encuentran entre otras labores el interponer acciones y presentar querellas cuando conozca de delitos en que las víctimas sean niños, y la ley lo autorice. Recibir peticiones sobre asuntos que se le planteen, derivarlas a otro órgano que sea competente en el tema o ejercer sus atribuciones en el más breve plazo. Intermediar o servir de facilitador entre los niños y los órganos de la Administración del Estado o aquellas entidades que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños, cuando conozca hechos u omisiones que los puedan vulnerar.

Mediante la ley 21.154, el lgislador designó al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  Para el cumplimiento de su mandato, el Instituto actúa exclusivamente a través del Comité de Prevención contra la Tortura cuyas principales funciones son las de examinar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben, y la de realizar visitas periódicas preventivas no programadas y de monitoreo a los lugares de privación de libertad que determine libremente.