En la noche del miércoles 24 de enero, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto que modifica la Ley 20.609.
Este proyecto de ley busca fortalecer la prevención de la discriminación, promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación mejorando el acceso a la justicia de las personas, creando una institucionalidad dedicada la erradicación de la discriminación, entre otros aspectos.
Durante la última sesión del proyecto en Comisión, se discutió la indicación referente a la creación de una institucionalidad. Según lo aprobado en la Comisión, la Subsecretaría de Derechos Humanos asume tareas relacionadas a la prevención, informar a personas afectadas, coordinar de manera intersectorial las políticas y programas que tienen relación con la materia, y otras tareas relativas a la implementación y seguimiento de normativa en materia de igualdad y no discriminación.
Junto con ello se crea el Consejo de igualdad y no discriminación arbitaria, el cual estaría compuesto por 14 integrantes los cuales pertenecen tanto al poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, representantes de instituciones autonomas de proyección de derechos humanos y miembros de la sociedad civil. Este tiene por fin ser una entidad que promueva el diálogo y la participación en esta materia, recomendación de criterios a instituciones estatales, y cumplir las demás funciones que la ley o el reglamento señalen.
El subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, se refirió a la tramitación: “Ha sido una larga tramitación, con altibajos, donde lo relevante es que avanzamos para que en Chile haya normas e instituciones que protejan a personas y grupos frente a una discriminación arbitraria. Las y los diputados han hecho un gran trabajo. Es el tipo de noticias que hacen bien al conjunto de la sociedad, porque todas las personas, sin distinción, deben contar con la certeza de que no están solas y sus dolores son atendidos. Es una ratificación, además, de que en derechos humanos los avances siempre se consiguen de la mano de las organizaciones de la sociedad civil. Un reconocimiento para todas las organizaciones que nos han acompañado en la tramitación, son protagonistas de este avance tan esperado”.
En marzo de 2024 el proyecto entrará a la Comisión de Hacienda.
