Justicia Transicional


Fondo para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria 2022

La Subsecretaría de Derechos Humanos, invita a participar de su Fondo Concursable de Cultura y Sitios de Memoria 2022, a todas las organizaciones interesadas. El concurso financia iniciativas que busquen fortalecer la memoria histórica y la reparación simbólica de las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, manteniendo vivo el recuerdo de las víctimas y contribuir al fomento de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país.

    • Fondo Cultura
    • Fondo Sitios de Memoria
  • Organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y con personalidad jurídica vigente, inscritas en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Servicio de Registro Civil e identificación, según indica la Ley N° 20.500, que a continuación se detallan:

    1. Agrupaciones de familiares de víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas a lo largo del país.
    2. Agrupaciones de víctimas y sobrevivientes de prisión política y tortura.
    3. Organizaciones de promoción y defensa de derechos humanos.
    4. Organizaciones vinculadas a sitios de memoria, sean -o no- reconocidos como Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales.
  • Presencial: ingresando la documentación en la Oficina de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos u oficinas de partes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos o a través de envío postal.

    Digital: a través del Portal de Fondos fondos.gob.cl

Una gota de su sangre, por la Verdad y la Justicia

La Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, te invitan a participar de la campaña búsqueda de familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecutados políticos sin entrega de cuerpo, que aún no donan muestras sanguíneas para una comparación de ADN nuclear.

Contáctanos y hablemos

Área Social de la Unidad Programa de Derechos Humanos +562 2674 3231

Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal +562 2782 3536

Historia de la Unidad Programa de Derechos Humanos

El Programa continuación Ley Nº 19.123, también conocido como «Programa de Derechos Humanos», fue creado por el Decreto Supremo Nº 1.005 del Ministerio del Interior, de 1997, bajo la dependencia de la Subsecretaría del Interior, con la finalidad de continuar con la tarea de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Dicha Corporación fue la sucesora de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación mejor conocida como «Comisión Rettig», creada en abril de 1990.

El año 2016 se publicó la Ley Nº 20.885, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, mediante la cual se traspasa el Programa de Derechos Humanos desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Verdad

  • El origen de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, data del día 25 de abril de 1990, creada por medio de Decreto Supremo Nº 355 con el objetivo de contribuir al esclarecimiento integral de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos, cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, tanto en Chile o en el extranjero.

    La labor de la Comisión era establecer un cuadro lo más completo posible sobre las más graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte y desapariciones cometidas por agentes del Estado o por particulares con fines políticos; reunir antecedentes que permitieran individualizar sus víctimas y establecer su suerte o paradero; recomendar las medidas de reparación y reivindicación que se creyeran de justicia y aquellas que debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevas violaciones.”

    Luego de nueve meses de intensa labor, el día 8 de febrero de 1991 la Comisión entregó su Informe final al ex Presidente de la República, Sr. Patricio Aylwin Azócar.

    “Recibimos, sin excepción, la colaboración de todas las organizaciones humanitarias que habían recopilado antecedentes sobre estos mismos hechos. Sus archivos fueron abiertos para nuestro examen. (…) Fuimos depositarios de centenares de testimonios de aquellos que voluntariamente quisieron colaborar y revisamos todos los antecedentes reunidos en cada uno de los casos hasta formarnos convicción de lo ocurrido.”

    Este informe fue dado a conocer al país mediante Mensaje Presidencial el día 4 de marzo de 1991, marcando un hito de profundo significado en el reconocimiento a las víctimas de ejecución política y desaparición forzada y a sus familiares, así como un valioso aporte en el proceso de justicia transicional que entonces se iniciaba en nuestro país.

  • Luego, y por expresa recomendación del antes referido Informe, se da origen la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (Ley N°19.123, de 8 de febrero de 1992), a la cual se le encarga calificar la posible condición de víctimas de aquellas personas que no alcanzaron a ser calificadas en el Informe Rettig, así como la custodia de los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y los que ésta misma recogiera en cumplimiento de sus funciones.

    Esta Corporación, por disposición del artículo 16º de la referida Ley Nº 19.123, finalizó su existencia legal el día 31 de diciembre de 1996, su trabajo consta en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación del mismo año.

    Posteriormente, y con el propósito de continuar con las funciones y actividades asignadas a la recientemente cesada Corporación, mediante Decreto Nº 1.005 del Ministerio del Interior, de 25 de abril de 1997,  se crea la Unidad Programa de Derechos Humanos en la Subsecretaría del Interior, la que de conformidad con su artículo 1, inciso segundo, asume las funciones relativas a la conservación y custodia de la documentación y archivos generados por la ex Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, así como las que originen las acciones que desarrolle el Ministerio del Interior en la prosecución de sus actividades.

    Finalmente, por disposición del inciso segundo del artículo segundo transitorio, de la Ley Nº20.885 que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, se traspasan desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a la Subsecretaría de Derechos Humanos, todas las funciones y atribuciones del Programa de Derechos Humanos, creado por el Decreto Supremo Nº 1005 antes citado, incluyendo el traspaso de la documentación y archivos generados por la ex Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y el Programa de Derechos Humanos, así como la función de conservación y custodia de dicha documentación y archivos. 

    En tanto custodios de la referida documentación, nos asiste la plena convicción de la importancia y valor simbólico que, para el Estado, tendría el reconocer como Monumento Histórico con carácter conmemorativo los archivos y documentos asociados al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig); y los Archivos asociados al Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que dado su valor histórico ampliamente acreditado, deben ser conservados para el conocimiento de las generaciones presentes y futuras.

  • La Comisión fue creada por decreto el 26 de septiembre de 2003. Comenzó a funcionar en noviembre de 2003 y recibió el testimonio de más de 35.000 personas que vivieron prisión política y sufrieron tortura a lo largo del país entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990. Estos testimonios permitieron reunir antecedentes respecto a los lugares utilizados como Recintos de detención a lo largo de todo Chile.  Nómina Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura Nómina de personas reconocidas en etapa de reconsideración por la Comisión.

  • La Comisión contemplada en la Ley N° 20.405 – que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos – publicada el 10 de diciembre de 2009, se creó mediante el Decreto Supremo Nº 43 del Ministerio del Interior, publicado el 5 de febrero de 2010. Esta Comisión se creó con la finalidad de abrir un nuevo plazo para el reconocimiento de las víctimas que no se presentaron o no fueron reconocidas por la Comisión Rettig, por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación o por la Comisión Valech.

Justicia

El Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos tiene como misión fundamental la promoción de acciones judiciales que permitan determinar el paradero y las circunstancias de desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, prestando asistencia jurídica a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La Ley Nº 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, establece en su artículo 10º transitorio, que nuestra repartición tiene la facultad para ejercer todas las acciones legales que sean necesarias, incluidas las de presentar querellas respecto de los delitos de homicidio o de ejecución sumaria, y de secuestro o desaparición forzada, en su caso.

Al mismo tiempo, el Programa brinda atención legal a los familiares de las víctimas en materias civiles, derivadas de la ausencia o desaparición de la persona, asesorando jurídicamente en asuntos de familia, patrimonio y herencia, tales como reclamaciones de filiación, declaraciones de ausencia por desaparición forzada de personas (Ley 20.377), nombramiento de curador de bienes, declaración de interdicción, rectificaciones de inscripciones del Servicio de Registro Civil e Identificación, entre otras.

Para conocer el detalle de los fallos de las causas tramitadas por el Área Jurídica de la UPDH

Área Investigación Administrativa

La Subsecretaría de Derechos Humanos, mediante de la Resolución Exenta N° 579, de fecha 30 de diciembre de 2019, dispuso la creación del Área Investigación Administrativa, dependiente de la Unidad Programa de Derechos Humanos, con el objetivo de “Promover y coadyuvar a las acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición de las personas, o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que, no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no han sido ubicados”. En el cumplimiento de esta misión, se recopila, analiza y sistematiza toda información útil a este propósito, debiendo también realizar todas aquellas funciones asignadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos en el marco de su competencia, con el propósito de hacer efectivo el derecho de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, establecido en el artículo 6° de la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, declarando que: “la ubicación de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena”.

Memoria y Garantía de No Repetición

La Memoria ha sido entendida como “las formas en que las personas y los pueblos construyen sentido y relacionan el pasado con el presente en el acto de recordar respecto de graves violaciones a los derechos humanos y/o de las acciones de las víctimas y sociedad civil en la defensa y promoción de los derechos humanos y valores democráticos en tales contextos”.

En consonancia con los estándares de verdad, justicia y reparación, las políticas públicas de Memoria se inscriben como una obligación estatal para reparar integralmente los daños que los crímenes de lesa humanidad le provocan a la sociedad en su conjunto. Los conceptos que engloba la Justicia Transicional se relacionan de forma complementaria, se retroalimentan, y la no repetición de estos crímenes atroces en nuestra sociedad dependerá de la adopción adecuada y efectiva de estos estándares. Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su recientemente publicado Compendio “En los contextos de graves violaciones de derechos humanos en los que la CIDH ha acompañado e impulsado mecanismos de justicia transicional, ha enfatizado cómo dichos mecanismos constituyen una expresión de esta interrelación.”

  • La Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de la Unidad Programa de Derechos Humanos, atendidas las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, convoca a organizaciones de la sociedad civil a postular al Fondo para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria, en concordancia con sus obligaciones y funciones establecidas en la Ley N° 20.885, en orden a materializar los esfuerzos del Estado para coordinar institucionalmente una política de memoria, que responda a las obligaciones derivadas de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y a las contraídas con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, impulsando iniciativas que sean un aporte para la reparación simbólica y la memoria histórica, y fomenten una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país.

  • En el marco de los compromisos de la acción número 21 del Plan Nacional de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos convoca a diversas instituciones públicas a conformar una “Mesa Intersectorial para la Protección de Sitios de Memoria”.

    Son parte de esta mesa: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Bienes nacionales, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Subsecretaría de las Culturas y las Artes, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, además del Consejo de Monumentos Nacionales, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Archivo Nacional de Chile y el Centro de Conservación y Restauración.

    De esta forma, se busca brindar un abordaje integral a la gestión, protección y conservación de los sitios de memoria existentes en el país, colaborando desde un enfoque interdisciplinario.

  • El objeto del protocolo es establecer un procedimiento coordinado entre las Instituciones del Estado con competencias en materia de protección del patrimonio cultural y memoria y la Sociedad Civil, para la oportuna y eficaz recepción, análisis, investigación y actuación ante denuncias de daños o vandalismo en Sitios de Memoria y Memoriales.

    El mismo, establece una «Ficha de levantamiento de daño», tanto para Sitios de Memoria como para Memoriales, para efectos de dejar constancia y aportar a la denuncia antecedentes de tipo técnico referidos al daño mismo.

  • La definición de Sitio de Memoria, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución N°3, de diciembre de 2019, que establece «Principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas», es la siguiente:
    «Se entiende por sitios de memoria a todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el Jugar puede rendir memoria a esos acontecimientos, y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas».

    Desde esta perspectiva, los Sitios de Memoria son entendidos como los sitios o inmuebles donde ocurrieron los hechos históricos señalados, los cuales, en algunos casos, por su relevancia histórica para la sociedad están protegidos como Monumentos Nacionales en la categoría de Monumentos Históricos. En aquellos casos, quedan bajo la protección de las normas establecidas en la Ley N°17.288.
    Por su parte, se entiende por memorial, los sitios y bienes inmuebles en que se han erigido obras y conjuntos conmemorativos para recordar la memoria de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, a quienes las resistieron o enfrentaron esas violaciones, los que se expresan a través de la instalación de placas memoriales, informativas, esculturas o conjuntos conmemorativos (figurativos, realistas o abstractos).

    Los memoriales dispuestos en espacios públicos que reúnen las características de Bien Nacional de Uso Público, son Monumentos Nacionales en la categoría Monumentos Públicos por el solo ministerio de la ley y quedan bajo la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales. En aquellos casos, quedan bajo la protección de las normas establecidas en la Ley N°17.288.

  • «la expresión «causar daño» utilizada por el legislador posibilita la sanción de una amplia gama de hipótesis, razón por la cual se sugiere considerar el daño causado en un sentido amplio, como cualquier menoscabo sufrido por el objeto de que se trate e, incluso, cualquier alteración que repercuta sobre su valor histórico o cultural, aunque no implique un detrimento en su materialidad, por ejemplo, ensuciando con pintura una estatua o un archivo histórico»[1].
    Para los efectos de este Protocolo, no constituirá un daño denunciable, aquél que haya sido producido por una catástrofe natural ocurrida en el sector donde se encuentre emplazado el sitio de memoria, y que pueda ser calificado como un hecho notorio y público. También se exceptúan de denuncia aquellos daños en que conste fehacientemente que su producción fue accidental o que no sea atribuible a seres humanos.

     

    [1] Fiscalía Nacional, Oficio N 491/2013 del 23.07.2013, «Nacional N° 491/2013 del 23.07.2013, Instrucción General que imparte criterios generales de actuación en delitos contra el medio ambiente, la salud pública y el patrimonio cultural, p. 16.

  • · Subsecretaría de Derechos Humanos
    · Ministerio Público – ULDDECO/UEDDHH
    · Ministerio de Bienes Nacionales —Subsecretaría de Bienes Nacionales
    · Policía de Investigaciones
    · Consejo de Monumentos Nacionales
    · Instituto Nacional de Derechos Humanos


Archivo de Memoria

Visita la página de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tiene por objetivo dar a conocer información sobre los Sitios de Memoria existentes en el país y relevar los esfuerzos de la sociedad civil y del Estado en la realización de obras de reparación simbólica, que han sido financiados por la Unidad Programa de Derechos Humanos desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (1997 – 2016) y la Subsecretaría de Derechos Humanos a partir del 2017 en adelante; contribuyendo así al fortalecimiento de la memoria histórica respecto a los hechos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Reparación

El objetivo del área social del Programa Social es prestar asistencia social y acompañamiento a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, tanto a nivel individual como colectivo. En el cumplimiento de este objetivo se distinguen principalmente dos áreas de acción: lo relacionado a las medidas de reparación establecidas en leyes especiales; y otorgar asistencia social en la identificación de los restos de sus familiares –o cualquier otra diligencia judicial decretada por Tribunal competente– mediante la respectiva coordinación con los organismos relacionados.

Beneficios de la reparación

La Ley N°19.123, y las modificaciones comprendidas en la Ley N° 19.980 y Ley N° 20.405, establecen medidas de reparación destinadas a compensar a los familiares de las víctimas calificadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (específicamente los casos calificados de víctimas de Desaparición y Ejecución), en el marco de las violaciones a los derechos humanos en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Los beneficios de reparación son los siguientes:

  • Se establece una pensión mensual de reparación destinada a las siguientes personas:

    • El (la) cónyuge sobreviviente
    • La madre del causante o el padre de éste cuando aquella faltare, renunciare o falleciere
    • La madre de los hijos de filiación no matrimonial del causante o el padre de éstos cuando aquella fuere la causante
    • Los hijos menores de 25 años de edad o discapacitados de cualquier edad.

    Revisa más información en: www.ips.gob.cl 

    • Los hijos de las víctimas calificadas tendrán derecho a recibir beneficios de carácter educacional, con una edad límite máxima de 35 años.

    Revisa más información en: www.mineduc.cl

    • Los familiares de víctimas calificadas (definidos por Norma Técnica del PRAIS) tienen el derecho a la gratuidad de las prestaciones médicas que se otorgan en todos los establecimientos de salud de la red asistencial, ya sean consultorios u hospitales públicos a nivel nacional.

    Revisa más información en: www.minsal.cl

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