Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Hernán Larraín Fernández

Al inicio de este Seminario que organiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos, quisiera formular unas breves reflexiones acerca de la sustancia de aquello que nos reúne.

Nuestros países en América Latina tuvieron en las últimas décadas del siglo pasado, momentos tumultuosos en donde la Democracia y los Derechos Humanos experimentaron serios atropellos que nos hicieron revisar nuestros compromisos con ellos y con el Estado de Derecho democrático en forma justa y responsable. Este pasado nos obliga a recordar para nunca olvidar ni repetir episodios deleznables como los de entonces, pero también nos pone ante el deber de asumir la realidad presente que se vive en nuestras respectivas sociedades en torno al respeto y vigencia de esos derechos y procesos democráticos, como el mejor homenaje a la grave situación anterior.

La legitimación de la violencia trajo consigo la pérdida de la Democracia. La pérdida de la Democracia produjo la caída del Estado de Derecho. La ausencia de Estado de Derecho hizo posible la vulneración de los derechos y garantías fundamentales de las personas.

Este círculo vicioso que vivimos nos hace hoy revalorizar a las instituciones como elementos constitutivos esenciales de una República y nos compromete a conocerlas, cuidarlas y defenderlas con toda la fuerza disponible. Sin ello, la perspectiva de una convivencia pacífica resulta imposible. Destruir la institucionalidad parece fácil, reconstruirla en cambio, asoma como una tarea compleja porque pierde su base de sustentación: la confianza.

Como país hemos tenido la oportunidad única de reflexionar en las últimas décadas acerca de estos hechos, con la experiencia adquirida y el doloroso aprendizaje que hemos debido hacer. Hemos sabido asumir nuestra cuota de responsabilidad en lo que ocurrió, hacer verdad y justicia, memoria y reparación, para avanzar en el camino de la reconciliación. Nuestro pasado nos ha obligado a mirar el futuro como una oportunidad para demostrar que somos hechos de carne y hueso, pero también de conciencia y espíritu, y que desde el perdón por las ofensas que hayamos hecho, hasta el perdón de quienes fueron ofendidos, podremos recuperar un Chile para todos.

Estas reflexiones que nos brotan desde el pasado, y que forman parte constitutiva de nuestro acervo histórico, deben abrir espacio para atender con especial interés y energía nuestro compromiso permanente con los derechos de las personas. Ayer, hoy y mañana. Por ello, estamos comprometidos a instalar entre nosotros una agenda completa, inclusiva y de esperanza respecto de los Derechos Humanos en el Chile actual, para incorporar en nuestra cultura el más absoluto respeto y la promoción integral de estos derechos que son esenciales a la persona en todo tiempo y lugar.

Los acuciantes problemas que nos golpean a diario nos exigen proceder de este modo. No podemos olvidar a niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad, ni a internos maltratados en centros penitenciarios o adultos mayores que se encuentran abandonados en hogares. Existen muchas personas que se sienten amenazadas, discriminadas o postergadas entre nosotros, como lo son quienes viven en condiciones de marginalidad, son migrantes, sufren alguna discapacidad o tienen una orientación sexual diferente. De ellos y de tantos que están en situación de riesgo, debemos preocuparnos, transformando su condición en un desafío para garantizarles a ellos y a todos, un Estado de Derecho democrático que resguarda, educa y protege los derechos fundamentales de sus habitantes sin excepción alguna.

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo han hecho otros países que enfrentan riesgos y amenazas a los derechos fundamentales de las personas? ¿Cómo desarrollar una nueva cultura de los Derechos Humanos que le entregue un enfoque original y contemporáneo a las renovadas exigencias ciudadanas en esta materia?

El recuerdo de los 70 años del Declaración Universal de los Derechos Humanos nos sirve –a Chile y al resto de nuestra región- para advertir que su vigencia es hoy más fuerte que entonces, cuando ella se aprobó luego de momentos históricos borrascosos, plenos de atentados brutales  y discriminaciones odiosas a los derechos esenciales de tantos hombres y mujeres en regímenes diversos que sobrepasaron con creces todo respeto y aceptación de este paradigma ético de la conducta humana como lo son estos derechos fundamentales. El contexto de desconfianza y desmoralización que siguió al período de la posguerra fue clave para unificar la convicción de que se estaba frente a una necesidad impostergable y superior a los miedos y temores preexistentes, lo que convergió en la Declaración que hoy recordamos. El mismo llamado sentimos hoy, no sólo por un pasado reciente que nos exige, sino que por un presente que nos convoca a actuar con sentido de urgencia.

Muchos son los caminos a seguir, pero queremos resaltar el instrumento diseñado para estos fines hace un par de décadas, los Planes Nacionales de Derechos Humanos, como una forma de comprometer la actuación coordinada de un Estado para hacerse cargo, en todas sus esferas, de la dimensión de los Derechos Humanos en la implementación de políticas públicas generales o sectoriales. Es este camino el que hemos empezado a seguir y que queremos impulsar con convicción en nuestros países, para generar, desde la acción amplia y concertada, una mirada nueva, proactiva y de futuro, en la conformación de una sociedad donde el respeto a la persona, a todas las personas sin excepción, sea el principio inspirador de la convivencia. En estos días queremos compartir experiencias y discutir el camino para avanzar en la instalación de esta nueva cultura más humana, más inclusiva y más personalizada.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la enorme oportunidad para orientarnos en esta tarea, coordinando acciones, evaluando experiencias y compartiendo resultados de las distintas realidades en marcha. Es necesario crear un clima positivo de implementación de estas políticas, donde entes internacionales se conviertan en faros que nos guíen en esta nueva etapa, antes que convertirlos en centros inquisidores o cajas de resonancias de conflictos coyunturales internos de cada país, utilizados para fines subalternos. La tentación creciente de levantar cuestionamientos políticos locales propios de la contingencia como causas de atentados a los Derechos Humanos que se ventilan ante instancias internacionales conlleva el peligro de distraer la atención de dichos organismos de su acción más fecunda en torno a los Derechos humanos y politizar su misión cotidiana.

La tarea de supervisión del respeto de los valores esenciales de nuestra Carta Democrática cada vez que en un país se amenacen las instituciones democráticas o se vulneren los derechos fundamentales, como se aprecia en ciertas realidades concretas de nuestra región, obliga a actuar con fuerza y rapidez cada vez que ello ocurre. Pero cosa muy distinta es que los entes internacionales participen en la solución de la minucia diaria de conflictos menores característicos de la vida política de nuestras naciones, porque ello desnaturaliza su accionar.

Aplaudimos por ello los esfuerzos que distintas instancias regionales realizan ante las amenazas a la Democracia y los Derechos Humanos que experimentan algunos países en la actualidad, como sucede en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y los convoco a trabajar junto a la CIDH en el impulso de los Planes Nacionales de DDHH y de toda la institucionalidad que dicha Comisión procura instalar en el plano nacional e internacional, como los ejes fundamentales de su labor en la defensa, promoción y protección a los derechos esenciales de las personas.